Un nuevo conflicto ha surgido en torno a la situación de Vicentin, una empresa que se encuentra en concurso de acreedores desde hace cinco años tras un default superior a 1.500 millones de dólares. Recientemente, la planta de Avellaneda quedó sin energía eléctrica, a pesar de que el juez del concurso, Fabián Lorenzini, había dictado una resolución prohibiendo expresamente cualquier corte de servicios esenciales, incluyendo luz, gas y soporte tecnológico.
Esta medida, dictada el martes, forma parte de la intervención completa de la empresa, donde se removió al directorio encabezado por Estanislao Bougain, nombrando a Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg como nuevos interventores. La resolución establece que todos los proveedores de servicios esenciales deben abstenerse de interrumpir la provisión de estos bienes por un período de 60 días hábiles.
Incumplimiento Judicial o Falla Técnica
La disposición apuntaba directamente a la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, a la que Vicentin le adeuda más de $600 millones por servicios ya facturados. Esto no debería estar pasando. Hay una resolución judicial vigente que lo prohíbe, comentó un abogado vinculado al caso. Desde el entorno de los trabajadores, se advirtió que la planta carece de generadores suficientes, lo que afecta su funcionamiento básico.
El corte de luz no solo interrumpe la actividad diaria, sino que también entorpece el plan de reactivación que se había comenzado a desarrollar en colaboración con la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías Agropecuarias. Las condiciones de mantenimiento eléctrico son deficientes, lo que complica aún más la situación.
Posibles Consecuencias Legales
El apagón, que ocurre en medio de la intervención judicial, podría resultar en acciones legales contra la cooperativa si se verifica que ignoraron la orden del juzgado. A su vez, la cooperativa ha expresado que no tiene los recursos financieros para continuar suministrando energía sin el pago correspondiente. Vicentin consume más de $200 millones mensuales en electricidad y ha superado esa cifra sin realizar ningún pago en abril.
Avances en la Planta de San Lorenzo
A pesar de la incertidumbre en Avellaneda, el sindicato de aceiteros de San Lorenzo (SOEA) reportó que se llevó a cabo una reunión constructiva con los nuevos interventores, donde se discutió un plan para reactivar la planta más grande del grupo, especializada en el procesamiento de soja. La empresa Commodities S.A. se ofreció a colaborar con el abastecimiento de materia prima, lo que podría ayudar a reiniciar parte de la operación.
Además, la Unión Agrícola de Avellaneda mostró interés en enviar semillas, y el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a mantener abierta una mesa de diálogo para articular aportes logísticos y garantizar salarios.
Advertencias del Juez
El juez Lorenzini, en su resolución de intervención, criticó el manejo de la firma, destacando la imposibilidad de contar con información clara sobre cuentas por cobrar, activos e incluso el faltante de insumos. Un informe de veedores indicó que faltaban 2.880 toneladas de maíz en Avellaneda y se requerían al menos un millón de dólares para adecuar la planta de San Lorenzo.
La empresa enfrenta una deuda posconcursal de 30 millones de dólares, que incluye 18 millones con Renova, 3 millones en sueldos y 5 millones en energía y gas, además de otros compromisos fiscales. Lorenzini advirtió que el escenario es grave en múltiples dimensiones, desde lo comercial hasta lo laboral, y cuestionó la falta de acción adecuada por parte del directorio.
La intervención se diseñó como una última herramienta para evitar la liquidación de la empresa, pero los obstáculos continúan surgiendo día a día, dejando un panorama incierto para el futuro de Vicentin.
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